El conflicto salarial entre el Gobierno de Santa Cruz y las fuerzas de seguridad ha entrado en una fase de máxima tensión. Tras el fracaso de la cuarta reunión del Consejo del Salario realizada este martes, el Comisario Retirado Ramón Quipildor, referente de la Mesa de Unidad Policial, denunció en FM La Voz de la Cuenca graves episodios de amedrentamiento por parte de funcionarios provinciales y confirmó el endurecimiento de las medidas de fuerza en toda la provincia.
Quipildor relató un grave incidente ocurrido durante la última reunión, señalando directamente al Secretario de Estado de Trabajo, el señor Aravena. «Fuera de acta, el secretario se acercó a nuestros delegados y les manifestó que, de no haber arreglo, iba a haber detenidos y descuentos salariales. Esto, lejos de amedrentar, causó un profundo enojo y provocó que la medida se endureciera aún más», afirmó el comisario. Además, criticó la ausencia del Jefe de Gabinete y del Ministro de Economía en una instancia tan crítica.
Ante la falta de respuestas, los efectivos y retirados decidieron ampliar la protesta. Actualmente, unas 24 carpas se encuentran instaladas no solo frente a la Casa de Gobierno, sino también en su patio interno. Quipildor aclaró que el ingreso fue pacífico: «Entramos por el portón vehicular que estaba abierto y nos manifestamos sin romper nada ni insultar a nadie. Los medios que hablan de irrupción violenta están desinformando».
La brecha entre lo que ofrece el Ejecutivo y lo que pide la Mesa de Unidad sigue siendo amplia:
•Pedido Policial: Un sueldo de $2.200.000 para el agente que recién ingresa (ajustado de la pretensión inicial de 3.5 millones).•Oferta Gubernamental: Ronda los $1.560.000, pero con una fuerte composición de sumas no remunerativas («en negro»).
«Rechazamos las sumas en negro porque no impactan en nuestros jubilados y pensionados. Además, son sumas que el gobierno hoy te da y mañana, por un decreto de emergencia, te las quita y no tenés dónde reclamar», explicó Quipildor.
A pesar de la retención de servicios que ya lleva semanas, Quipildor aseguró que la seguridad de la población no está en riesgo: «El servicio de emergencia y urgencia se sigue garantizando con guardias mínimas. El policía es consciente de su deber, pero también de que no puede seguir pagando por trabajar, comprándose sus propios uniformes y sin poder pagar un alquiler».
La próxima reunión paritaria ha sido fijada para el martes 30 de junio a las 11:00 hs. Mientras tanto, el personal policial y penitenciario permanece en alerta máxima y con un alto nivel de adhesión en toda la provincia.
